DE LOBBISTA A CANDIDATO

La República.
Por Javier Diez Canseco (*)

Racista y despectivo frente a los andinos, cual papá de Lulú, Kuczynski fue explícito cuando en el 2006 –en una conferencia en Lima– se refirió a quienes se oponían al TLC con EEUU diciendo: “Es un poco una idea de una parte de los Andes, lugares donde la altura impide que el oxígeno llegue al cerebro. Eso es fatal y funesto”. El candidato estrella de la “gente como uno” (ricos blancos) fue claro: los andinos y los que no piensan como él son tarados o estúpidos.

El colorido septuagenario, atrevido hasta hacerse tocar los testes por una mujer contratada, no resulta un candidato muy original: recicla el mito fujimorista, “no soy político sino técnico”. Pero su irritabilidad incontrolable y sus groserías no deben ocultar su historia. 

En 1968, con 30 años, mostró su temprana lealtad a las transnacionales. Como gerente  del BCR, facilitó que la International Petroleum Company retire ilegalmente el equivalente a US$ 105 millones de dólares de hoy, cuando ya había sido nacionalizada por Velasco, y fugó a EEUU. PPK se casó con Jane Casey Hugues, hija de un capo de la CIA. Y en el norte continuó banquero y especulador. El 82 fue presidente del First Boston Internacional, para lo que renunció a la nacionalidad peruana y adoptó la de EEUU. Hasta hace poco fue director del Credit Suisse Group AG. Promovió la ola privatizadora latinoamericana con un Fondo de Inversión privada fundado el 92 en Miami: el Latin American Enterprise Fund, asesorando a entidades bancarias y vinculándose a fondos de especulación financiera (Hedge Funds) que produjeron la crisis mundial del 2008 como el Rohatyn Group LLC, lo que no ha puesto en su currículo. Y, claro, también ha sido alto funcionario del Banco Mundial y del FMI. 

Entre sus vinculaciones con empresas mineras, petroleras y gasíferas, destaca su trabajo para Hunt Oil, a la que –con Toledo y Quijandría– casi regalaron el gas de Camisea: tramitó modificar la legislación para permitirle exportar, afectando el abastecimiento nacional. La ayudó a conseguir créditos del BID y captar dinero del mercado peruano vía bonos corporativos y créditos del BCP para reunir los capitales que no tenía. PPK, sin duda, es un aliado de total confianza de la embajada de EEUU, así como de las grandes empresas mineras. Lo afirma el embajador Struble el 19 de agosto del 2005, en documento hecho público por Wikileaks.

Hábil mercader y experto lobbista que no da puntada sin hilo. Le interesan los negocios y las utilidades, sin interferencias geopolíticas. Por ello, bajo Fujimori intervino para buscar comprar Hierro Perú en nombre de grandes capitales chilenos, ofreciendo ripio: 20% de su valor, pero los chinos ganaron. Intervino, con su Fondo de Inversiones, en la compra de Edelnor, la distribuidora de energía eléctrica en Lima. Por cierto, a precio de huevo y llevándose luego las redes de electrificación de Fonavi, casi de regalo. Y en la concesión del aeropuerto Jorge Chávez, junto a Cosapi y LAP. Como ministro de Toledo renegoció los contratos para favorecerlos más aún. Luego entró en el millonario arreglo de Camisea para exportar, y ahora juega a privatizar Sedapal. ¡Business first!

Se vale de todo para defender sus intereses y los de las corporaciones para las que trabaja. En el 2006 promovió una devaluación del sol para crear pánico cambiario y derrotar a Ollanta Humala por el miedo creado por la campaña promovida por él mismo. PPK es un cinturón negro en “todo vale”.

PPK es un norteamericano que juró formalmente ante un juez: “renuncio  absolutamente y por completo y abjuro toda lealtad y fidelidad a cualquier… Estado y soberanía extranjera, de quien o de cual haya sido sujeto o ciudadano antes de esta… y portaré armas bajo la bandera de los EEUU… prestaré servicio como no combatiente en las FFAA de los EEUU”. Para colmo ofreció renunciar y no muestra un solo documento. ¿Puede gobernar el Perú con ese juramento y la trayectoria descrita? El lobbista cree que sí, gracias al alineamiento de la prensa, como cuando eligieron a García el 2006. Yo creo que será otra Lulú en su burbuja limeña.

PRECIO DEL GAS BAJARA CON OLLANTA HUMALA

Precio de gas bajará con Ollanta Humala

LA PRIMERA.-

Si Ollanta Humala gana la Presidencia, en los primeros cien días de su administración el precio del gas bajará, se dará inicio a una lucha frontal contra la corrupción y se aplicará importantes reformas para mejorar la Educación, lasalud y aumentar los sueldos, anunció el jefe de plan de gobierno de GanaPerú, Félix Jiménez.

“Lo primero que haríamos en los primeros 100 días de gobierno sería bajar el precio del gas, reasignar los recursos a la Educación ysalud, para dar desayunos y almuerzos a un gran número de alumnos. Iniciaríamos el programa Pensión 65 y el programa Cuna Más e incrementaríamos el salario mínimo”, explicó durante el debate entre jefes de plan de gobierno de los principales candidatos presidenciales.

Jiménez desmintió que GanaPerú controlará los precios del Gas Natural. “Eso es una mentira”, aunque señaló que el gas es mucho más barato en México y Chile, que usan el gas que sale del Perú, anotó.

Adelantó también que habrá una lucha frontal contra la corrupción, en especial, en el área de compras estatales. “Se sabe que hay entre seis mil y ocho mil millones de soles que se pierden por corrupción en esta área”, apuntó.

Jiménez planteó además priorizar a LA PRIMERA infancia y la Educación rural, para lo cual propuso una revolución educativa con el aumento de gasto de 3 a 6% del PBI, con lo que se aplicarían programas como “Cuna Más” en 600 distritos pobres y “Desnutrición Cero”, con desayunos y almuerzos en los colegios y plan de saludpreventiva para los alumnos.

El economista lanzó estas propuestas en el primer debate de jefes de plan de gobierno, en el que participaron también Kurt Burneo, de Perú Posible; Pablo Secada, de Alianza para el Gran Cambio; Elmer Cuba, de Solidaridad Nacional, y Rafael Rey, de Fuerza 2011.

LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA...NUEVAMENTE.

Por Fernando Eguren
Presidente de CEPES

Nuevamente se están incrementando los precios internacionales de los alimentos. A causa de ello hoy hay 44 millones de personas –estima el Banco Mundial– que se suman al inmenso ejército de más de mil millones de pobres extremos en el mundo. El precio internacional del trigo se triplicó entre junio del 2010 y enero del 2011, y el del maíz creció en un 73%. También subieron los precios del azúcar, aceites comestibles y, en menor medida, el arroz. Aún no se han medido los impactos de este fenómeno en el Perú, pero según el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, los precios internos en el país no se elevarán pues “solo tres productos internacionales: el trigo, el maíz y la soya tienen influencia en el mercado local [y] el resto de alimentos que se consumen en el país son producidos por los agricultores de las diferentes regiones.”

Pero la seguridad alimentaria no es un asunto de coyunturas. A pesar de que en el periodo 2007–2010 la desnutrición crónica infantil a nivel nacional descendió en 4,7 puntos porcentuales, al pasar de 22,6% a 17,9% (ENDES 2010), el nuestro es un país con problemas alimentarios cuya gravedad no está siendo debidamente sopesada.

Un estudio del IFPRI –una de las instituciones más prestigiadas en el mundo en asuntos alimentarios– publicado a inicios del año pasado considera al Perú como un país de “baja seguridad alimentaria”.

Este estudio, que incluye a 175 países, elabora una tipología según el grado de seguridad alimentaria en el que se encuentran. Para comparar los países utiliza las siguientes variables: consumo diario de calorías, proteínas y grasas; producción doméstica anual de alimentos por habitante; relación entre el total de exportaciones y la importación de alimentos; tasa de población urbana. La mayor parte de la información utilizada es del periodo 2000-2005.

También se consideraron otras dos variables, relacionadas a la vulnerabilidad de la producción de alimentos: la sensibilidad de los países al cambio climático (“clima favorable” y “clima desfavorable”) y la fertilidad del suelo (“alta fertilidad” y “baja fertilidad”).

El resultado del estudio establece cinco tipos de situaciones: seguridad alimentaria muy baja, baja, mediana, mediana alta y alta.

El Perú está ubicado como país de “seguridad alimentaria baja”, junto con Bolivia, Colombia, Venezuela, Panamá, Botswana, Chad y otros países del África y de Asia. Pero, además, está clasificado como país con predominancia de suelos de baja fertilidad y con clima desfavorable. Es decir, con una incierta capacidad de asegurar la producción de alimentos de manera estable.

La preocupación oficial en materia de seguridad alimentaria en el Perú no debe limitarse, pues, a algunos programas sociales. Sin negar su importancia, es perentorio diseñar políticas de largo plazo en función de escenarios futuros críticos, que tomen en consideración tanto los riesgos de una tendencia continuada de alza de alimentos, la necesidad de garantizar tierras suficientes para la producción de alimentos para una población siempre en crecimiento, y los impactos adversos del cambio climático.

JNE: FISCALIZANDO A LAS ENCUESTADORAS

JNE: FISCALIZANDO A LAS ENCUESTADORAS.

Recientemente el Jurado Nacional de Elecciones-JNE-  ha emitido la Resolución Nº 038-2011-JNE que modifica el Art. 8 del Reglamento del Registro Electoral de Encuestadoras “a fin de optimizar la labor de fiscalización  sobre la publicación y difusión de las encuestas que realizan las encuestadoras”.

En dicha modificatoria se ha incluido algunos componentes como que tiene que informarse la tasa de respuestas y de no respuestas (la primera es el total de personas que aceptaron ser encuestadas y la segunda son las personas que rechazaron o no pudieron participar en la encuesta).

Así mismo señala que el “detalle de la base de datos  debe contener (…) los nombres, DNI, teléfono y dirección de cada uno de los encuestados, de manera que se pueda realizar un submuestreo de lo presentado, que permitirá verificar el grado de coincidencia, y catalogar la calidad de esta en tres niveles: no confiable, confiable y aceptable".

Las respuestas, sobre todo de las empresas encuestadoras, no tardó mucho y al unisonó manifestaron su “voz de protesta”. Calificaron de “excesivos” los requerimientos. Giovanna  Peñaflor de IMASEN sostuvo que “ninguna empresa que se considera seria aceptara seguir realizando mediciones de intención de voto con la nueva medida dispuesta por el JNE para que presenten los datos personales de cada encuestado”

Manuel Saavedra y Alfredo Torres, directores de las encuestadoras CPI y Apoyo, coincidieron en señalar que la última disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "atenta contra la confidencialidad de los entrevistados y su derecho al voto secreto". 
En su opinión, se estaría buscando que en el país se dejen de publicar encuestas de intención de voto. 
Finalmente, Manuel Saavedra indicó que las encuestadoras agrupadas en la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM) se reunirán para acordar que actitud tomarán ante la veeduría del JNE.

¿Son excesivos los requerimientos del JNE?¿Se atenta la confidencialidad y el voto secreto?¿Tiene el JNE la función de fiscalizar a las encuestadoras?¿ La ciudadanía se "beneficia" con estas medidas, son algunas preguntas que nos formulamos y a la vez respondemos. Primero: consideramos que los nuevos requerimientos del JNE no son excesivos ya que las encuestadoras manejan los datos(nombres, DNI, dirección). Segundo:No se atenta la confidencialidad del entrevistado ya que es información que maneja exclusivamente la empresa encuestadora y el JNE "no puede entregarla a terceros". Tercero:Es función del máximo organismo electoral fiscalizar el proceso y por supuesto a las encuestadoras. Cuarto: La ciudadanía si se beneficia ya que el trabajo de las encuestas sera mas serio, mas confiable y se podrá verificar sí efectivamente se ha realizado la encuesta o ha sido "fabricado en alguna oficina" como viene sospechando la ciudadanía.

El candidato a la Presidencia por Gana Perú, Ollanta Humala manifestó que “Hay que decirle a las encuestadoras, con todo cariño, que no se deban resistir a la fiscalización. Esto es una democracia y hay que ser transparentes”, resaltó.

¿Por qué son ilegales los Decretos de Urgencia 001 y 002?

¿Por qué son ilegales los Decretos de Urgencia 001 y 002?

Por:Otramirada

 Durante esta semana, diversas voces han salido a cuestionar los decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011 porque afectarían nuestra soberanía nacional pero también han sido criticados por su inconstitucionalidad. Sobre este último punto se han pronunciado el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Defensoría del Pueblo. A pesar de ello, ambas normas han sido ratificadas anteayer por el Consejo de Ministros. Veamos cuáles son los fundamentos jurídicos que hacen inviables estos decretos.

 Según el IDL, los decretos en cuestión son inconstitucionales porque no cumplen con lo establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución Política. Este inciso señala que un decreto de urgencia puede ser expedido en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. En suma, un decreto de urgencia se emite solo en situaciones de excepción.

 En este caso, al observar la lista de proyectos declarados de necesidad nacional (terminales portuarios, proyectos eléctricos, aeropuertos, rutas fluviales, carreteras, gasoductos, entre otros), no se cumple con lo estipulado en la Constitución. Los decretos tienen un carácter administrativo y no económico ni financiero. Tampoco se está ante una situación excepcional, extraordinaria y menos imprevisible. ¿Cuál es la urgencia de acelerar la ejecución de estos proyectos? ¿Acaso se estará haciendo “caja” antes de que finalice el gobierno?

 En ese sentido, el IDL señala que estas preguntas no han sido respondidas en la exposición de motivos de los decretos de urgencia donde, por el contrario, se dan explicaciones generales que no muestran por qué la situación actual sería excepcional. A partir de esta ambigüedad, la verdadera motivación de estos decretos crea suspicacias pues, actualmente, no hay ningún problema en el país que requiera acelerar estos proyectos que ya siguen una tramitación ordinaria. Asimismo, el interés nacional exige que se ejecuten bien estos proyectos sin sacrificar el medio ambiente y realizando la consulta previa a los pueblos indígenas.

 Por otro lado, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, exhortó al gobierno a que deje sin efecto los decretos y demandó a los congresistas a que ejerzan su responsabilidad y su función constitucional de control. Además, señaló que las mencionadas normas no justifican su excepcionalidad y necesidad, pues no se señala qué daños irreparables se ocasionarían de no emitirse los decretos. Así, al no haber justificado su excepcionalidad y necesidad, los decretos de urgencia serían inconstitucionales por la forma. Asimismo, Merino lamentó que, de acuerdo a las disposiciones de los decretos 001 y 002, el estudio de impacto ambiental se convierta en una mera formalidad.

En este contexto, cabe recordar nuestro infodiario Alan García y la democracia dictatorial, donde señalamos como el uso de facultades legislativas extraordinarias por parte del segundo gobierno de García ha sido frecuente y se encontraba casi al mismo nivel que en Venezuela, lo cual resultaba alarmante. Este es un indicador no solo de nuestra democracia precaria, sino de la incapacidad de este gobierno por desarrollar un Estado plenamente democrático.

 Finalmente, cada vez se suman más voces en contra de estos decretos y ya se anuncia una paralización, para este 9 de febrero, en la que participarán gremios y organizaciones sociales como la CGTP, la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros, la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu (FENTENAPU), entre otros. ¿Cuál será la reacción del gobierno frente a estas demandas?.

HORA DE LIQUIDAR AL OBOLO MINERO

Por Armando Mendoza
Economista

Como en otras ocasiones, nuevamente las sobreganancias mineras han aparecido en la agenda pública; y, como en una trama bien ensayada, ya han surgido las voces que se pronuncian en contra de su establecimiento, alegando que no es necesario gravar las sobreganancias pues ya contamos con el Aporte Minero Voluntario (“óbolo minero”) y que, más bien, hay que extender la vigencia de dicho óbolo. 

Lo que olvidan los promotores del óbolo es que existe una multitud de razones para estar en contra de su continuidad, por motivos de su ineficiencia, poca transparencia e inequidad tributaria. Aquí, algunas de las razones más evidentes para pedir su liquidación:
–Porque en 4 años de vigencia el óbolo ha recaudado sólo US$ 595 millones de dólares, que equivalen apenas al 8% de lo recaudado en igual periodo por el impuesto a la renta del sector minero (US$ 7,287 millones) y el 2.5% de sus utilidades declaradas. Así, el óbolo se ha ganado bien su nombre pues es –literalmente– una propina, un capillo, una “yapita”. Gracias, taita.

–Porque, por toda la eficiencia y dinamismo que se prometió al dejar en manos privadas su manejo, en la práctica el óbolo se mueve con igual pachocha que la satanizada inversión pública, pues –a noviembre del 2010– apenas había ejecutado el 58% de sus recursos disponibles. Considerando que es un programa con 4 años de existencia, resulta cuestionable que en todo este tiempo apenas haya utilizado la mitad de sus fondos.

–Porque ni siquiera hay reglas claras sobre quién aporta y quién no, ya que –como su nombre lo indica– es “voluntario”, siendo solo 39 las mineras participantes pero existiendo una cantidad nada despreciable de empresas que han zafado cuerpo.
–Porque, como algún empresario minero ha reclamado, lo que el Perú necesita es un Estado fuerte y eficiente, que tenga presencia efectiva en todo nuestro territorio, pero eso no sucederá mientras persistamos en privatizar a rajatabla las funciones y deberes del Estado, inventando engendros como el Forsur o el óbolo.

–Porque, lógicamente, las mineras orientan las inversiones del óbolo a sus zonas de operación, a fin de ganar legitimidad social. Es decir, seguimos concentrando recursos en localidades que ya reciben canon, regalías, fondos privados de la minería, etc., cuando la idea de gravar las sobreganancias es destinar lo recaudado a un fin especial, de alcance nacional; por ejemplo, inversión en ciencia y tecnología.

–Porque nos pone al nivel de una republiqueta bananera, un Estado fallido e incapaz de regular soberanamente la distribución de la renta de sus recursos naturales, no quedándole otra que mendigar un billetito extra. El Perú no puede aceptar esa clase de tratamiento: si queremos ser un país desarrollado, empecemos a exigir el respeto debido.

-Y, finalmente, porque ya es hora de establecer un régimen tributario minero como Dios manda, con reglas claras y equitativas para todos, que regule el tratamiento de las sobreganancias, tal como se hace en otros países. 

Así que por estas y otras razones lo que deberíamos estar discutiendo y acordando en relación con el óbolo es su liquidación, no su extensión. Así de claro.

REASIGNACION DOCENTE 2011

PROFESORES PIDEN QUE CONSEJO REGIONAL AREQUIPA APRUEBE ORDENANZA.

Los maestros y maestras  del Peru y especialmente arequipeña  esperan los meses d e vacaciones  de cada año el poder reasignarse. Asi,  ante la convocatoria de las Direcciones Regionales de Educacion, organizan y presentan sus expedientes a ser calificados por la Comision especial  y poder obtener una plaza de reasignacion.

El año 2011 puede ser diferente ya que el Ministerio de Educacion al emitir la RM Nº 0423-2010, de convocatoria a nuevo proceso de nombramiento,ha suspendido la reasignacion docente 2011. Asi reza el contenido del Articulo 6º de la mencionada Resolucion Ministerial.

El SUTEP de Arequipa, conjuntamente con especialistas en derecho, ha elaborado y presentado este martes 11 de enero un “PROYECTO DE ORDENANZA REGIONAL PARA EL PROCESO DE REASIGNACION DE DOCENTES Y NOMBRAMIENTO DE PROFERSORES EN EL AREA DE GESTION PEDAGOGICA BAJO EL REGIMEN DE LA LEY Nº 29062 DEL AMBITO DE LA GERENCIA REGUONAL DE EDUCACION”.

Señala en uno de sus Considerandos que “ De conformidad al art. 13º de la Ley 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales, el Consejo regional es el organo normativo y fiscalizador del Gobierno regional(…) , que el  Consejo  Regional dicta Ordenanzas y Acuerdos”.

Asi mismo hace mencion a la normatividad emitida por le Ministerio deEducacion, en la que” pretende privilegiar el derecho de nombramiento sin considerar tambien que existe el derecho de reasignacion docente, como derecho a ejecutarse anteriormente, es vulnerar la Constitucion Politica del estado, la misma que impone el deber de cumplir y hacer cumplir las leyes.No hacerlo, es vulnerar el articulo 2 inciso 2 de la Constitucion, todos somos iguales ante la ley, por lo que no se debe discriminar a los docentes que estan comprendidos en la ley Nº 24029 Ley del Profesorado”

Tambien hace mencion a que el” Congreso de la Republica ha decidido mantener vigente la ley del profesorado(…) en ese sentido, bajo el principio del Control Difuso previsto en el articulo 138 de la Constitucion Politica y según loscriterios determinados por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Pleno Jurisdiccional 00014-2009-PI/TC, no debe permitirse que el Ministerio de Educacion via Resoluciones Ministeriales pretenda vulnerar los derechos laborales establecidos  en dispositivos legales de mayor jerarquia, como la Ley Nº 24029, lo que tambien es reconocido por el propio ministerio, mediante oficio Nº 3480-2008-ME/SG-OGA-UPER, a traves del cual se concluye que subsiste el regimen establecido por la Ley Nº 24029 y su reglamento”.

Señala ,tambien, que existen numerosas solicitudes de profesores para que se lleven acabo el proceso de reasignaciones( El SUTEP distrito Alto Selva Alegre con expediente Nº 00269 del 04 de enero 2011 tambien solicita la convocatoria de reasignaciones al gobierno regional), ya que es un derecho , por cuanto “constituiria en la mayoria de los casos una mejora en sus aspiraciones personales y laborales,por lo que el Consejo Regional debe autorizar el presente proceso de reasignacion docente”.

En su parte Resolutiva  del Proyecto de Ordenanza presentado,ORDENA “disponer que la GREA y UGELs  INAPLIQUEN el articulo 6º de la RM Nº 0423, asi mismo EJECUTEN el proceso de reasignacion docente antes que el proceso de nombramiento para el presente y los proximos años”.

Tambien , en su articulo Tercero DISPONE que “se continue con el concurso publico de nombramiento, en plazas vacantes ,una vez que concluya el proceso de reasignacion”.

El profesorado arequipeño pide que en la proxima sesión del Consejo regional se apruebe el proyecto de Ordenanza presentado a fin de que se ejecute la tan ansiada reasignacion docente.

Se ha convocado a reunion docente en el local del SUTEP para este lunes 17 a las 10:00 am, se espera la asistencia masiva de maestros en defensa de sus derechos, entre ellos, a la reasignacion.